Angela María Perdomo Carvajal

Ante la conciencia de la transformación constante del derecho y que de no seguir sus pasos se corre el riesgo de ser cada día un poco menos abogado, así como también ante la importancia de interactuar e intercambiar conocimientos y experiencias con miras a fortalecer el derecho como el mejor instrumento para la convivencia humana[1], las siguientes líneas constituyen un primer acercamiento a tal propósito.

Como tema de reflexión académica se compartirá la experiencia de dirección de un despacho judicial teniendo como referencia la fecha del 12 de marzo del año 2020 y los retos que trajo consigo la emergencia sanitaria en un país como Colombia y su articulación a los procesos de globalización.

Experiencia que se ha venido nutriendo ante la necesidad contingente y el propósito trascendente de cumplir de forma efectiva con la función pública de administrar justicia[2] en medio de las limitaciones propias heredadas del sistema judicial colombiano, como también ante la crisis sanitaria,[3] y lo que se espera en la post pandemia con el uso de la inteligencia artificial, de los medios electrónicos en la dispensa del derecho y el desarrollo de la inteligencia organizacional de cara al cumplimiento de los fines esenciales[4].

La Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla en uno de sus módulos de estudio, titulado “Juez Director del Despacho”, publicado en el año 2017, destaca las amplias y complejas dimensiones de la gestión del juez y de su equipo de trabajo, lo que sugiere un esfuerzo conjunto para abordar –de manera estructurada- la labor que les corresponde en el logro de su misión de justicia y legitimidad del Estado desde la defensa de la ley.

El citado documento reconoce que pretender estructurar la gestión integral del despacho implica resolver interrogantes de éste tipo: ¿Cómo afrontar las barreras instrumentales y culturales frente al cambio o a los retos que buscan los más altos estándares de desempeño?

Para ésta época, al sobrevenir la emergencia sanitaria, se emitieron gran cantidad de disposiciones para intentar regular lo pertinente, por lo que el despacho judicial analizado, del cual vale destacar es de categoría municipal y conoce de asuntos de diversa naturaleza, se encontró con nuevos paradigmas de dirección.

Si bien es cierto, desde su dirección, se había venido abonando terreno en el estudio de herramientas para fortalecer la inteligencia organizacional, así como del uso de las TICs, especialmente en los asuntos de índole constitucional, como lo ha sido el trámite y desarrollo del proceso cuando se ejercita la acción de tutela, no es menos cierto, que los recursos resultaban y aún resultan escasos para prestar de forma eficiente el servicio público de la administración de justicia.

Lo anterior, ante el confinamiento obligatorio decretado por el gobierno, constituía un gran reto, pues si bien por un lado, en materia civil-familia se habían suspendido los términos  hasta nueva orden[5], por el otro, en materia penal y constitucional los lineamientos estaban dados para que se continuara prestando el servicio, ahora desde la virtualidad.

Entre los aspectos y variables que fueron objeto de examen desde la dirección del despacho, se encontraba lo relacionado al tema de disponibilidad de recursos.

Por un lado, el reto en lo interno de la organización ha estado dado en mantener e incrementar la motivación del equipo de trabajo orientada a los fines del Estado, fortaleciendo espacios de bienestar integral de quienes conforman el juzgado, pues ha de reconocerse que muchas veces el panorama de la humanidad y del país parece ser desalentador, al enfrentarse la humanidad al temor latente de ver amenazada la supervivencia de su especie, lo que aviva las preocupaciones de los colaboradores y afecta su disposición para el trabajo y desempeño[6].

Por el otro, el reto en lo externo de la organización, ha estado dado en poder suplir las necesidades de justicia en el marco de las competencias constitucionales y legales para un Municipio de cerca de 34.224 habitantes[7], teniendo como herramientas, un único juzgado, conformado por el juez y un cuerpo de tres colaboradores (citador, escribiente y secretario), expedientes si digitalizar[8], sin configuración de red de los equipos de cómputo[9] para la única impresora y escáner que habían disponibles, ausencia de cobertura de red para acceder al sistema de información de procesos, entre otros aspectos a valorar.

Sin embargo, ha de destacarse que ya para la época se contaba y se hacía uso de la cuenta de correo electrónico institucional, lo que de por sí estaba sumando a un mejor desempeño, y desde el año 2018 se habían venido sistematizando en bases de datos digitales la relación de los procesos, lo que aumentaba el desempeño al poder ejercer un mayor control de los asuntos y una mejor toma de decisiones.

Si bien el acceso al servicio de internet por cuenta de la Rama Judicial presentaba dificultades, lo cierto es que dicho servicio en ésta época ha resultado asequible por cuenta y esfuerzo personal de quienes integran el despacho.   

Una de las definiciones del término de economía: “3. f. Ciencia que estudia los métodos más eficaces para satisfacer las necesidades humanas materiales, mediante el empleo de bienes escasos.”[10], apoya el propósito de alcanzar mejores estándares de desempeño ante las barreras instrumentales y culturales que se han podido presentar, pues es claro que los bienes con los que se cuenta resultan escasos y el propósito de justicia grande[11].

Como método para satisfacer las necesidades de justicia se dispuso la administración de los recursos escasos de la manera más eficiente posible, ahora con la venia del Decreto 806 de 2020, entre otras disposiciones, que trajeron consigo ventajas prácticas y un mejor desempeño.

Como se dijo anteriormente, ya se venía haciendo uso de la cuenta de correo electrónico institucional y de forma auto dirigida se dispuso también la formación en el manejo y uso de otro tipo de herramientas tecnológicas, de la firma electrónica y de la plataforma del micro sitio web disponible en www.ramajudicial.gov.co, la cual se usa de forma permanente y se estima constituye una garantía del artículo 228 constitucional.

De la herramienta de Microsoft Office 365®, se destaca Teams, Share Point, entre otras, que han facilitado el desarrollo, participación y registro de las audiencias públicas en las diferentes áreas del derecho de las cuales se tiene conocimiento.

También se destaca la herramienta OneDrive para el almacenamiento y organización de la información.

Ha existido un mejor control y seguimiento en la recepción y envío de los mensajes de datos que llegan al correo electrónico por cuenta de los usuarios.

Igualmente se evidencia una mejor interacción y fácil acceso a la administración de justicia, esto último ha sido producto de una labor pedagógica y de formación dirigida al usuario, pues se ha implementado ello como estrategia centrada en el valor del mismo.

Ha de reconocerse que la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de la seccional a la cual está adscrita la sede judicial desde la época advertida y hasta éste momento ha venido enfilando esfuerzos (dotación de equipos de cómputo, adecuación de la infraestructura y locaciones de la sede judicial, entre otros), que han sumado al fortalecimiento institucional, sin embargo, se sigue requiriendo de su gestión administrativa y de recursos de cara a las necesidades que impone el estar a la velocidad de los procesos de globalización y los retos de la post pandemia.

Las prácticas que se han venido adoptando han permitido satisfacer la necesidad contingente y el propósito trascendente de cumplir de forma efectiva con la función pública de administrar justicia, de ello da cuenta los reportes de las evidencias en el SIERJU[12].

Desde el escenario de reflexión descrito persiste la consideración relativa a que el derecho es el mejor instrumento para la convivencia humana y los despachos judiciales en Colombia hacen su mayor y mejor esfuerzo para fortalecerlo, venciendo con los recursos a su alcance las barreras instrumentales y culturales para lograr los más altos estándares de desempeño y contribuir de la mejor manera posible a la consecución de los fines del Estado.

Esa labor no debería ejercerse de una manera insular, sino que debería contar con un mayor respaldo institucional que se armonice y articule con todo un sistema judicial y la visión del Estado Social y Democrático de Derecho.

[1] Pertinente encuentro recordar la obra de Eduardo Couture, conocida como el “Decálogo del abogado”, donde desarrolla diez «mandamientos» que debe cumplir un abogado en el ejercicio de su profesión.

[2] Se destaca lo consagrado en el artículo 228 de la Constitución del 91.

[3] Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia. Resolución 385 del 12 de marzo de 2020 “Por la cual se declara la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19 y se adoptan medidas para hacer frente al virus”.

[4] Se trae a estudio lo dispuesto en el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia de 1991.

[5] Hasta el 01 de julio del año 2020.

[6] Martha C. Nussbaum. La Monarquía del miedo. Una mirada filosófica a la crisis política actual. Paidos Estado y Sociedad. Edición 2. Año 2019.

[7] https://www.eltiempo.com/datos/municipios-con-mas-y-menos-vacunacion-contra-covid-19-en-colombia-654093

[8] Procesos almacenados, se calcula un aproximado de 523 paquetes de archivo con un promedio de 25 expedientes cada uno, un total aproximado de 666 expedientes de procesos en trámite, un aproximado de 200 carpetas cada una con un promedio de 300 folios de carpetas de soporte de archivos de oficios, sentencias, actas, comisorios y diligencias realizadas en cada área, 50 Tomos e índices radiadores penales, civiles y constitucionales, así como de despachos comisorios.

[9] Obsoletos para la epoca marzo del año 2020 (Procesadores lentos).

[10] https://dle.rae.es/economía

[11] Ley 270 de 1996, donde se reflexiona la justicia como un valor superior que debe guiar la acción del Estado y que dada la trascendencia de su misión debe generar responsabilidad de quienes están encargados de ejercerla

[12] Sistema Estadístico de la Rama Judicial (Balance: años 2018 al 2021)

Angela María Perdomo Carvajal

Miembro del Instituto Colombiano de Derecho Procesal