Esta es una radiografía de nuestra triste realidad, que refleja el desinterés y el desconocimiento del derecho al trato digno que las autoridades publicas deben dar a los administrados, quienes coloquialmente deben ser considerados como sus verdaderos empleadores, realidad que es olvidado por las personas al momento de llegar y ostentar los cargos públicos; olvidan que están para servir a los ciudadanos. Triste saber, que se deba llegar ante una autoridad judicial, para que las autoridades administrativas, respeten y materialicen los derechos de quienes los eligieron, desconociendo que están legalmente instituidos para ello. ¡Sera desconocimiento, será capricho¡

Viendo este tema tan relevante y de gran importancia para la comunidad jurídica y civil, el análisis del derecho de petición en el contexto nacional devela un panorama complejo, en el que la ciudadanía demanda respuestas claras y oportunas de las entidades oficiales, el cual fomenta la transparencia y la participación activa, pilares esenciales en toda democracia.
No obstante, la respuesta tardía o deficiente por parte de distintos organismos públicos incrementa la sensación de impunidad y limita el ejercicio pleno de la ciudadanía para alcanzar la justicia. En este orden de ideas, las constantes violaciones a dicha garantía evidencian una falta de compromiso institucional para rendir cuentas en forma adecuada a los ciudadanos.
Por ello, es importante la difusión de información relevante y la preparación suficiente de la población, emergen como factores significativos que permiten aumentar la eficacia de las solicitudes. Además, el acompañamiento ofrecido por la sociedad civil cobra relevancia, pues fortalece el ejercicio del control social y aporta legitimidad a las demandas y demás actuaciones administrativas. Por consiguiente, resulta conveniente articular esfuerzos entre todos los actores involucrados, con miras a asegurar la protección y el respeto pleno de este derecho fundamental.
De manera análoga, la consolidación de una cultura basada en la legalidad exige comprender la importancia de exigir y obtener respuestas diligentes, libres de oscurantismos burocráticas que poco o nada contribuyen a la credibilidad del sistema de justicia. Para ello, se debe fortalecer de forma perentoria los mecanismos de supervisión y control, sumado a la instauración de canales de denuncia ágiles, que en teoría incentivaría la celeridad en las respuestas.
En consecuencia, señalar oportunamente los incumplimientos permitiría visibilizar las falencias y exigir a los organismos las sanciones correspondientes. Por otra parte, la capacitación continua del personal se perfila como una vía eficaz para reducir las trabas que entorpecen la gestión de las peticiones ciudadanas. Así mismo, la pedagogía jurídica acerca de los derechos y deberes de la comunidad impulsarían la apropiación social de este instrumento, dotándolo de mayor fuerza.
Por ende, la eficacia del derecho de petición depende tanto de la capacidad de la población para ejercerlo como de la disposición de las instituciones para atenderlo sin demoras, para ello es necesario establecer como norte institucional como un objetivo central de la política pública, pues constituye un elemento esencial para reforzar la participación ciudadana y consolidar los mecanismos de participación democrática.

Excelente aporte del doctor Diego Armando Yáñez Meza, siendo un tema de vital importancia y reconocimiento en la comunidad jurídica y civil. El derecho de petición se concibe como uno de los instrumentos fundamentales de participación ciudadana en nuestro país; sin embargo, a pesar de su reconocida relevancia, se observa una evidente desconexión entre las disposiciones normativas y la realidad social, pues este derecho suele verse vulnerado con frecuencia.
En ese sentido, la Constitución Política reconoce la facultad ciudadana de exigir respuestas a las instituciones públicas, de modo que se fomente la transparencia y la rendición de cuentas. No obstante, el verdadero alcance de este mecanismo radica en la voluntad efectiva de las autoridades para atender las solicitudes de manera oportuna y evitar largos lapsos de espera injustificados. Por ello, como consecuencia la ausencia de respuestas ágiles debilita la credibilidad de las entidades y dificulta la participación activa de la comunidad en la gestión pública. Por otra parte, el desconocimiento normativo y la carencia de herramientas claras representan también obstáculos adicionales, ya que muchas personas desisten ante la inmensa complejidad burocrática o poco manejo del mismo. Esto conduce a la necesidad de fortalecer la cultura de respeto y protección de este derecho, con miras a reconstruir la confianza institucional y promover la contribución ciudadana, sobre todo en un marco legal y constitucional.
Cabe resaltar que, aunque existen garantías legales, el compromiso estatal debe traducirse en acciones afirmativas concretas que hagan efectivo su cumplimiento. En consecuencia, se hace necesaria la difusión amplia de información sobre los procedimientos y las instancias competentes para facilitar la formulación de peticiones y potenciar la eficacia.
Así mismo, la asistencia social y la vigilancia continua funcionan como incentivos para que las entidades respondan con la prontitud requerida. En este sentido, el respaldo de las organizaciones civiles refuerza el control social y mejora la calidad de la atención ofrecida a los reclamos ciudadanos.
En mismo sentido, la promoción de programas de formación acerca de los alcances y beneficios del derecho de petición contribuye a su defensa y ejercicio constante entre los actores involucrados, proveyendo una garantía plena de este derecho en las agendas públicas, o cual constituye un paso ineludible para asegurar su protección efectiva.
De igual manera, el análisis del derecho de petición en el contexto nacional devela un panorama complejo, en el que la ciudadanía demanda respuestas claras y oportunas de las entidades oficiales, el cual fomenta la transparencia y la participación activa, pilares esenciales en toda democracia.
No obstante, la respuesta tardía o deficiente por parte de distintos organismos públicos incrementa la sensación de impunidad y limita el ejercicio pleno de la ciudadanía para alcanzar la justicia. En este orden de ideas, las constantes violaciones a dicha garantía evidencian una falta de compromiso institucional para rendir cuentas en forma adecuada a los ciudadanos.
Por ello, es importante la difusión de información relevante y la preparación suficiente de la población, emergen como factores significativos que permiten aumentar la eficacia de las solicitudes. Además, el acompañamiento ofrecido por la sociedad civil cobra relevancia, pues fortalece el ejercicio del control social y aporta legitimidad a las demandas y demás actuaciones administrativas. Por consiguiente, resulta conveniente articular esfuerzos entre todos los actores involucrados, con miras a asegurar la protección y el respeto pleno de este derecho fundamental.
De manera análoga, la consolidación de una cultura basada en la legalidad exige comprender la importancia de exigir y obtener respuestas diligentes, libres de oscurantismos burocráticas que poco o nada contribuyen a la credibilidad del sistema de justicia. Para ello, se debe fortalecer de forma perentoria los mecanismos de supervisión y control, sumado a la instauración de canales de denuncia ágiles, que en teoría incentivaría la celeridad en las respuestas.
En consecuencia, señalar oportunamente los incumplimientos permitiría visibilizar las falencias y exigir a los organismos las sanciones correspondientes. Por otra parte, la capacitación continua del personal se perfila como una vía eficaz para reducir las trabas que entorpecen la gestión de las peticiones ciudadanas. Asimismo, la pedagogía jurídica acerca de los derechos y deberes de la comunidad impulsarían la apropiación social de este instrumento, dotándolo de mayor fuerza.
Por ende, la eficacia del derecho de petición depende tanto de la capacidad de la población para ejercerlo como de la disposición de las instituciones para atenderlo sin demoras, para ello es necesario establecer como norte institucional como un objetivo central de la política pública, pues constituye un elemento esencial para reforzar la participación ciudadana y consolidar los mecanismos de participación democrática.

Esta situación evidencia una deficiencia estructural en la función administrativa de garantizar derechos fundamentales. Es sumamente importante que las autoridades adopten mecanismos efectivos para responder las peticiones, superando y dejando a un lado el silencio administrativo y asegurando un trato digno al usuario. Al incumplir y vulnerar este derecho fundamental, se actúa en contravía de los fines del Estado y de la administración pública, cuya razón de ser es proteger y garantizar los derechos y libertades de los ciudadanos. La implementación de sanciones más severas y una administración comprometida con principios como la buena fe y la transparencia son indispensables para encaminarse a una solución efectiva y material.

Al final, me pregunto si todo el esfuerzo de la Corte Constitucional ha sido suficiente. Siento que estamos atrapados en un círculo vicioso donde se reconoce el problema, se dictan sentencias, pero la situación no mejora de manera sustancial. Por eso la necesidad de explorar otras vías, y la propuesta de requerir la ‘carta de trato digno’ en los procesos de tutela me parece una medida concreta con el potencial de generar un cambio cultural en la forma en que las autoridades interactúan con los ciudadanos.

Comparto la posición del columnista, siendo claro que la vulneración a este derecho de la ciudadanía es plausible y se sostiene a través de las vigencias, esto demuestra no sólo la poca capacidad de respuesta del Estado, sino el desinterés en fortalecer los procesos y procedimientos establecidos al interior de la diferentes entidades para que este riesgo tan latente pueda ser minimizado, ahora bien frente a la posibilidad de sancionar a estos funcionarios omisivos y la gravedad de la sanción, este tema no debería ser el enfoque del mejoramiento, en tanto el derecho disciplinario busca en efecto, sancionar las posibles irregularidades cometidas por los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones y si bien estas sanciones pueden enviar un mensaje a todos los funcionarios de la consecuencias que puede acarrear el no cumplimiento de los términos en materia del trámite del derecho de petición no resuelve el problema de fondo de cara a la ciudadanía, considero que habría que abordar puntualmente al interior de las entidades las causas de esta problemática lo que permitiría establecer soluciones definitivas, por cuanto es innegable que la omisión en este deber constituye una infracción directa a varios fines del estado no sólo el que taxativamente describe la obligatoriedad de dar respuesta a las peticiones, sino aquellos relacionados con la protección de derechos, la garantía del interés general, el establecimiento de un sistema eficaz de atención al público y en consecuencia el cumplimiento de los fines del estado, en tanto este derecho resulta fundamental para la ciudadanía por constituir en muchos casos la puerta de entrada del ciudadano a la administración con el cual puede lograr el ejercicio de otros derechos o se puede configurar la vulneración de estos.

En el presente artículo, se pone de manifiesto la falta de control y supervisión por parte de las administraciones públicas respecto de la vulneración del derecho fundamental a la petición consagrado en nuestra Constitución Política. Lamentablemente, los funcionarios públicos no otorgan la debida importancia a este derecho, pese a que constituye el primer paso que dan los ciudadanos para dirigirse a las autoridades u organizaciones de manera respetuosa y obtener una respuesta a sus solicitudes.
Es preocupante que, en los últimos años, se haya registrado un aumento significativo en las estadísticas de afectación a este derecho, sin que se haya impuesto alguna sanción efectiva por parte de los jueces hacia aquellos que lo vulneran. Resulta inaceptable que el silencio administrativo sea una de las principales causas de esta afectación, ya que, si las administraciones públicas aplicaran debidamente el principio de buena administración, los ciudadanos no se verían obligados a acudir a otros medios, como la acción de tutela, para hacer valer su derecho a la petición.
La aplicación efectiva del principio de buena administración en nuestra ciudad permitiría no solo proteger el derecho a la petición, sino también reducir la carga judicial que pesa sobre los jueces, lo que, a su vez, contribuiría a una mayor eficiencia y efectividad en la administración de justicia.

Es importante dejar de presente lo valioso de esta contribución al debate sobre el estado de derecho en Colombia, que aunque valioso, es reflejo de un panorama un poco desalentador sobre la situación del derecho de petición en Colombia. Sin embargo, también se plantea la necesidad de actuar de manera urgente y decidida para garantizar este derecho fundamental. Es fundamental que las autoridades, el legislador, los jueces y de quienes conformamos sociedad, aunemos esfuerzos para encontrar soluciones efectivas a este problema. No está de más, mencionar que el presente podría verse como una exhortación a reflexionar sobre la necesidad de fortalecer las instituciones y garantizar el respeto de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos.
Saludos, estimado Doctor!!!

Es difícil, encontrarnos con un sin número de situaciones de vulnerabilidad, presentadas por la administración pública, pues están colocan barreras a los derechos fundamentales más esenciales y es mucho más grande cuando se intervienen diferente factores como lo son los geográficos es decir de las personas más apartadas y que viven un contexto social difícil, de igual manera factores como el económico y el educativo, un ejemplo claro de esto es que si bien es cierto todos tenemos derecho a la salud es de preguntarnos si “la misma es un acceso suficiente, de calidad y que si este servicio es prestado sin necesidad de acudir al derecho de petición o en su defecto a la acción de tutela” situaciones que se presentan diariamente y de manera repetitiva, no cumpliendo así con los fines del estado de derecho.

“Nos encontramos frente a una Burocracia, o una negligencia”

Desde un enfoque técnico, es evidente que el problema radica no solo en la negligencia de las autoridades obligadas a resolver, sino también en la incapacidad del ordenamiento jurídico para generar incentivos adecuados para el cumplimiento de las normas. La eliminación de la calificación de «falta gravísima» en la Ley 1755 de 2015 es un ejemplo paradigmático de cómo las decisiones legislativas han contribuido a debilitar la efectividad del derecho de petición. Esto no es un accidente, sino un síntoma de un sistema político y administrativo que prioriza su propia comodidad operativa sobre los derechos ciudadanos.
La persistencia del silencio administrativo como herramienta procesal es especialmente problemática. Si bien puede interpretarse como una protección al ciudadano en casos de inacción administrativa, en la práctica se convierte en un escudo para la negligencia estatal. Este diseño no solo contradice los principios de buena administración, como lo señala el Tribunal Supremo Español, sino que además fomenta un ciclo de impunidad donde las autoridades no enfrentan consecuencias reales por su incumplimiento. Esta lógica perpetúa una cultura de incumplimiento, especialmente en entidades públicas con menor capacidad técnica o con una arraigada apatía institucional.

Como comentario adicional, esta realidad nos muestra una distancia, al interior de la práctica judicial, entre el ejercicio formal de la autoridad vs el ejercicio material de la autoridad, puesto que, si bien es cierto, existen centenares de decisiones, no solo de las altas cortes, sino de todas los niveles judiciales, enderezadas a «salvaguardar» el derecho de petición con incluso advertencias de no volver a incurrir en las mismas situaciones configurativas de trasgresión al derecho de petición, lo cierto es que esas decisiones, por mucho, se extienden a resolver la situación que motivó el ejercicio de la acción de tutela en el caso en concreto, pues en la realidad, las advertencias son omitidas, dando lugar a que se repitan, por las mismas razones, hechos y hasta por las mismas autoridades, situaciones que motivan el reiterado uso de la acción de tutela, pese a que nuestro ordenamiento jurídico no solo faculta a las autoridades judiciales de poderes coercitivos para proteger el derecho, sino que les impone deberes como el de denunciar situaciones que la ley ha tipificado como conductas disciplinarias y hasta penales, pero que no se dan en el día a día. Esto lo aseguro, porque aunque no he hecho la tarea de recopilar las estadísticas, tengo plena certeza de que el porcentaje de compulsa de copias desde los juzgados y en contra de autoridades PÚBLICAS, por no respuesta a petición, es ridículamente bajo: una burla al derecho de petición de los ciudadanos, respecto del cual, dicen las mismas autoridades judiciales, se producen sentencias para la protección de ese mismo derecho.