El juicio de Salomón, óleo de Giordano en el Museo del Prado, ilustra un célebre relato bíblico. Dos mujeres se presentaron disputando la maternidad de un bebé. Una con el cuerpo sin vida del que no reconocía como suyo y la otra con el que reclamaba como propio. El rey ordenó dividir el cuerpo del niño vivo para repartirlo entre las contendientes. Detuvo la ejecución y adjudicó la razón a la madre que conmovida renunció para salvar a su criatura. La sabiduría, que el soberano ante su dios prefirió a otros dones como la larga vida y la riqueza, y que se afirmaba trascendía los límites de lo humano, le permitió desentrañar la verdad. No solo identificó a la legítima madre, sino que puso en evidencia que la administración de justicia no se sustenta exclusivamente en la aplicación literal y mecánica de normas o instituciones, sino que requiere, además de la correcta interpretación de la ley, una profunda capacidad para comprender los comportamientos humanos y descubrir las realidades subyacentes.

El siglo XXI representa desafíos similares. La tecnología en los tribunales plantea un interrogante de alta complejidad: ¿puede la IA, al igual que la sabiduría del rey Salomón, contribuir a alcanzar la verdad en el proceso judicial?

La pregunta no es una mera especulación teórica, sino una realidad que comienza a consolidarse en varios sistemas judiciales del mundo y que suscita una interesante reflexión sobre la justicia en la época de la inteligencia artificial. Países como Estonia y China están implementado jueces automatizados para la resolución de determinados tipos de conflictos. Así como Salomón empleó una lógica inusual y se orientó con las reglas de la experiencia para encontrar la verdad ¿podría un juez asistido por IA alcanzar una justicia con un menor margen de error al inherente a la condición humana?

Es una alternativa que excede la simple utilización de la tecnología en el proceso para actuaciones y notificaciones, formación, investigación, mediación, administración y atención de usuarios. Ahora la cuestión es si la justicia puede beneficiarse efectivamente de la implementación de sistemas de IA automatizados para la resolución de casos de manera más accesible y fácil, rápida y oportuna, moderna e innovadora, imparcial, objetiva, eficiente y económica.

La justicia es comparada con un elefante: majestuosa y cargada de tradición. Aunque avanza, su dificultad y parsimonia es exasperante en las sociedades modernas, especialmente frente a demandas que requieren acceso y respuesta inmediata, en un mundo orondo de transformaciones vertiginosas.

En este contexto, los sistemas automatizados se perfilan como una solución beneficiosa. Su capacidad para resolver asuntos con celeridad, corrección y transparencia permiten anticipar un horizonte favorable. Los países que ya comenzaron a integrar esta tecnología tienen superado el debate de si debe o no ser utilizada en la administración de justicia y ahora deliberan sobre la posibilidad de cómo estos métodos pueden asumir de mejor forma el rol del juez humano en determinados asuntos.

Richard Susskind, en su obra seminal Tomorrow’s Lawyers (2017), anticipó que la inteligencia artificial transformaría de manera radical tanto la profesión jurídica como el sistema de justicia en su conjunto. No se limitó a prever el impacto de la tecnología en las tareas rutinarias, sino que planteó una visión ambiciosa: la posibilidad de que las decisiones judiciales pudieran algún día ser automatizadas; una idea que subraya la profundidad de los cambios en la era digital.

Susskind amplió esta reflexión al advertir que, si bien la inteligencia artificial difícilmente puede por ahora sustituir por completo el papel de los jueces en decisiones complejas que implican principios de moralidad y política, existen áreas específicas de la labor judicial que es posible descomponer y delegar a sistemas tecnológicos avanzados. Las tareas administrativas, que suelen consumir una considerable proporción del tiempo de los jueces, podrían gestionarse de manera más eficiente mediante la automatización, el uso de plantillas y la estandarización de formatos. Sugiere, además, que ciertas funciones judiciales, como la resolución de disputas de menor complejidad podrían optimizarse a través de la incorporación de tribunales virtuales y tecnologías procesales de avanzada.

Estas herramientas, desarrolladas en el contexto de la llamada «segunda ola de IA», no replican el razonamiento humano; en su lugar, operan mediante un procesamiento masivo de datos. Así la evolución tecnológica plantea un interrogante de largo alcance sobre el rol de abogados y jueces, que deben prepararse, adaptarse y colaborar activamente para la nueva etapa donde se impondrán sistemas capaces de gestionar tareas cada vez más complejas y exigentes en relación con los análisis jurídicos.

Eugene Volokh, profesor de Derecho en la Universidad de California, profundiza esta exhortación en su ensayo Chief Justice Robots (2019) donde explora la posibilidad de jueces completamente automatizados. Plantea las ventajas de un sistema judicial fundamentado en inteligencia artificial que podría mitigar los riesgos inherentes a los jueces humanos: sesgos, fluctuaciones emocionales, presiones externas y limitaciones cognitivas, factores proscritos en un entorno donde la IA asume el rol de la decisión, porque el aspecto esencial no radica en la humanidad del juez, sino en la calidad de sus providencias: si un sistema de IA es capaz de emitir fallos justos, consistentes, con menos errores y mayor celeridad, la administración de justicia se verá ampliamente favorecida.

En este marco, introduce la evaluación «Modified John Henry Test » como un método para examinar la eficacia de los jueces basados en IA, proponiendo que un sistema de IA sea comparado con jueces humanos en su capacidad para argumentar. La premisa subyacente es que un juez de IA podría emitir decisiones legales con un grado de fundamentación y solidez comparable al de sus homólogos humanos.

En términos de eficiencia, los jueces automatizados presentan la ventaja inigualable de la celeridad, al ser capaces de procesar vastas cantidades de información, identificar y aplicar precedentes y emitir fallos con prontitud. Estos avances deben ser considerados con seriedad, pues la IA transformará radicalmente la comprensión de la justicia.

En Colombia, un sistema judicial con alta congestión y prolongados tiempos de respuesta, la introducción de jueces basados en IA podría ayudar a constituir soluciones, inicialmente para ciertas actuaciones como la demanda o la contestación en formatos electrónicos que auxilien al justiciable en su diligenciamiento y reemplacen el auto admisorio; también en la preparación de providencias que, bajo control del juez como usuario responsable, facilite una definición de conformidad con los hechos probados y las normas y precedentes aplicables. Así mismo, la IA puede contribuir a tramitar procesos sencillos como los ejecutivos o los monitorios, en los que los reclamos no suelen exigir complejas interpretaciones.

Sin embargo, la implementación de jueces automatizados plantea dilemas éticos de considerable peso, como la publicidad, la apropiada programación y los posibles sesgos del aprendizaje automático. A ello se suma el riesgo inherente a los derechos de autor y de datos, las medidas de seguridad por la posibilidad de hackeo y la explotación de vulnerabilidades en el código, peligros que subrayan la necesidad imperiosa de contar con medidas de protección robustas. La transparencia en los algoritmos, la contingencia de errores sistemáticos y la confianza del público en decisiones judiciales automatizadas son cuestiones de gran trascendencia que no pueden pasar desapercibidas. La idea de que un sistema de IA tome decisiones que afectan directamente la vida y los derechos de los individuos suscita una inquietud legítima en torno a la pérdida de control humano en los procesos judiciales.

Filósofos como Luciano Floridi, en la obra Ética de la Inteligencia Artificial, sugieren el establecimiento de un marco que oriente el uso de la IA en el ámbito de la justicia. Propone cinco principios esenciales: beneficencia, no maleficencia, autonomía, justicia y explicabilidad. Estos postulados aseguran que la tecnología sea eficiente y se alinee con los ideales éticos de la justicia, respondiendo a las exigencias de un régimen judicial transparente, equitativo y confiable, en procura de fallos correctos, comprensibles y auditables, elementos de particular importancia en un contexto donde la confianza pública está debilitada por la demora, la ineficacia y la percepción de parcialidad. Los sistemas de IA, por lo tanto, deben estar sujetos a mecanismos bajo control del usuario.

La cuestión de la responsabilidad resulta igualmente crucial en este debate. Floridi rescata el principio de los juristas de la Antigua Roma: “cuius commoda eius et incommoda” (quien obtiene un beneficio de una situación también debe asumir sus inconvenientes), recordando que quienes desarrollan y operan sistemas de IA deben asumir responsabilidad por los resultados. Los jueces automatizados, en este sentido, no son entidades autónomas, sino herramientas bajo la supervisión humana constante.

En conclusión, con un marco ético adecuado y salvaguardias en cuanto a la responsabilidad, la implementación de jueces basados en IA es no solo factible, sino deseable. La inteligencia artificial posee el potencial de eliminar algunas de las deficiencias que afectan al sistema judicial humano. Además, si estos jueces se implementan siguiendo los principios de explicabilidad, beneficencia y justicia, su uso podría optimizar el sistema judicial y asegurar accesibilidad con decisiones equitativas y transparentes. Con una supervisión humana adecuada, la IA podría convertirse en un pilar fundamental para la construcción de un sistema judicial más eficiente y eficaz, ecuánime y ágil.

Así como en el relato de Salomón, donde una sabia decisión reveló una verdad profunda, los jueces apoyados en las ventajas de la IA podrían alcanzar resultados aceptables. La inteligencia artificial tiene el potencial de ayudar a mejorar, en provecho de las futuras generaciones, el sistema de administración de justicia. La IA simboliza el inicio de una nueva era del proceso judicial.

Ulises Canosa Suárez

Abogado de la Universidad Libre. Doctor en Derecho Cum Laude de la Universidad de Salamanca. Con Maestría en Pruebas de la Universidad de Génova (Italia) y Girona (España) y Maestría en Derechos Humanos de la Universidad Alfonso X UAX en España. Cuenta con Especializaciones en Derecho Procesal y en Derecho Financiero de la Universidad del Rosario, en Derecho Comercial de la Universidad Externado, en Derecho Constitucional de la Universidad de Salamanca y, además, con estudios de Dirección Empresarial en el Instituto Europeo de Administración Negocios INSEAD, también en la Universidad de Navarra en España y en el INALDE de Colombia.

Ha sido Profesor en Doctorados, Maestrías, Especializaciones y Pregrados en varias Universidad de Colombia y del Exterior, entre ellas en la Universidad de los Andes, en la Universidad Externado, en el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, en la Universidad Nacional, en la Universidad ICESI y en la Universidad Libre de Colombia, entre otras. Recibió el Premio Docencia de Excelencia Juan Agustín Uricoechea y Navarro del Colegio Mayor del Rosario en el año 2005.

* El contenido de esta publicación es responsabilidad exclusiva de los autores y no refleja ni compromete la postura del ICDP.