María Patricia Balanta Medina
Aplaudo la iniciativa del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, cuando abre sus puertas para darle sonoridad, con grandeza intelectual y fecunda, a la voz de quienes han sufrido el conflicto armado en Colombia. En efecto, estudiar el informe final de La Comisión de la Verdad, es exaltar los valores democráticos en sus bases sólidas, plurales e incluyentes y, también, la solidaridad ciudadana, frente a los cuales este Instituto responde bajo estricta responsabilidad social, ética, cutural y política.
Este breve espacio, me permite rescatar algunas frases del informe que, para mí, tienen mérito universal, tras recorrer los densos pasajes de una historia que nos arruga el alma y nos conmueve en cada amanecer. Bienvenidas las reflexiones de Borges al preguntar: ¿en qué momento las cotidianas cosas se contagiaron de muerte? Para conciliar una respuesta, los miembros de La Comisión se sumergieron en el pasado, con comprensión y actitud social frente a la propia guerra; conmovidos por la riqueza emotiva de su pueblo, por sus múltiples expresiones culturales y por sus tradiciones espirituales, en un horizonte de tenacidad laboral y empresarial, propias para alcanzar las mejores condiciones de vida.
Con acentuado lirismo se escribe en el informe: “Tiene [Colombia] la feracidad salvaje de su ecología, la potencia natural de dos océanos, y miles de ríos, montañas y valles; la audacia de su juventud, el coraje de las mujeres y la fuerza secular de los indígenas, los campesinos, los negros, afrocolombianos, raizales, palenqueros, y los Rrom” no obstante, “es una sociedad excluyente, con problemas estructurales nunca enfrentados con la voluntad política y la grandeza ética que era indispensable”. El informe retrata -con nitidez- las huellas del horror y memora ese pasado que continúa hiriéndonos, al tiempo que nos segrega y nos aniquila como nación.
Era necesario que bajo estos enunciados se iniciara el trabajo de la comisión, esto es, reseñando el ayer, cuando en la memoria permanecen erguidas las expresiones de la verdad, sus signos y su lenguaje profundo. Para honrar el tiempo, Szymborska escribía: hasta el instante más fugaz tiene su pasado.
A partir del compromiso legítimo con la paz, La Comisión nos describe los sesgos del racismo, las desigualdades, la cultura patriarcal, el negacionismo, el sentido individualista, la seguridad que no da seguridad, desde el paradigma del enemigo interno, el trato colonial, el narcotráfico, la corrupcion, el doble rasero o péndulo moral, la violencia política, la impunidad y su relación con la cultura. Evidentemente, estos referentes infamantes deben erradicarse, como bien lo anuncia La Comisión.
Sin pensarlo dos veces, poco a poco todos nos aferramos al oportuno pasamanos del invidualismo y, sin vergüenza alguna, cerrramos los ojos a la realidad y, con miedo y silencio cómplice, permitimos que la hierba cubriera las causas y las consecuencias pero, las heridas de los hombres, nos impulsaron a resistir, aproximándonos al lenguaje de Sábato, para moldear la paz y la reconciliación, con libertad, tolerancia y respeto. De seguro, no habrá un sendero de la geografía colombiana ni una estancia donde no nos espere la paz, basta que anclemos sus proclamas porque en ellas anida la seguridad, la confianza y el aliento. Permanezcamos alejados de los ecos de una guerra brutal, persistente, injusta y totalizante con la que se aprendió a vivir en franca y silenciosa desesperación y angustia.
Conviene sacudirse el polvo de la crisis, con desprecio a la ingrata tradición de no hacer nada por miedo o por devoción y continuemos bajo el generoso alivio de reconocer la ruta de la paz, de la paz grande que gestó La Comisión y que acuña en su informe final, cuyo contenido nos trae, en términos de Sábato: “el alivio al ver que la vida simple, humana, aún está viva” cada uno aliste sus forjas pacificadoras y construyamos un yo democrático, en palabras ilustradas por la filosofía política, con firmeza y determinación, para que el alma no se encoja más de amargura. El informe en sí no es la paz, pero sí una amable garantía para alcanzarla. Tenemos el optimismo que predica Martha Nussbaum, como firme responsabilidad moral en este proceso y no es tiempo de apostarle a determinada postura ideológica para aceptar los términos y las recomendaciones del informe, porque los sesgos pueden hacernos caer en incertidumbres odiosas o en falsaciones que facilmente nos llevan a forcejear de nuevo con algunos mojones de la guerra que apenas tambalean.
Es que la guerra alcanzó un punto doloroso, inhumano y de reprochable degradación, que nos marcó como nación y cambió, negativamente, la vida de familias enteras. Por lo tanto, La Comisión de la Verdad rompió el silencio cómplice, facilitó el encuentro de los actores fuera de ambientes de polarización, se hizo cargo de la verdad y la documentó transitando por un puñado de historias de indígenas, afrodescendientes, campesinos, exiliados, desplazados, familiares de desaparecidos, entre otros. Reseñó el pasado y delineó, con finura, la arrogante y deshonrosa consonancia “del péndulo de la moral” de una nación vulnerada y rota a la cual se le causó un daño moral que se amplió bajo los altos grados de tolerancia a partir del sistema político.
Destaco, respetuosamente, en mi honrosa condición de mujer, un sesgo que, Vincenc Fisas aproxima a una cultura de paz, cuando considera que el protagonismo que ha tenido el patriarcado y el prototipo de la masculinidad, arraigado en la mayoría de las culturas, ha sido uno de los principales factores que explica una formación colectiva de violencia. Siendo el ideal de la masculinidad el prevaleciente. Creo que la paz o la guerra no dependen -necesariamente- de condicionamientos biológicos -aunque en la sicología de la violencia se conjeture lo contrario- porque son principalmente los fenómenos culturales, los que la determinan y desde esta orilla puede ser aprendida o desaprendida. La paz puede construirse de manera individual o comunitaria -con enfoque de genero y étnico como lo entendió La Comisión y se plasmó en los capítulos 6 y 7 del informe- desde el exilio, desde lo cotidiano y como aprendizaje histórico-cultural, en medio de condiciones que le pueden ser adversas.
No obstante, algunos teóricos insisten en que uno de los primeros pasos a dar, para desarticular una cultura de violencia -muy arraigada contra las mujeres y los niñxs, por ejemplo- y salir del “modo guerra”, en palabras del investigador Rodrigo Jesús Ocampo, será promover que el mundo se nombre en femenino, armonizar la afectividad con la razón y empezar a reemplazar la tiranía del poder con la sabiduría de la autoridad, que implicará siempre respeto y cordialidad, no solo con el otro, con las mujeres y los niñxs, los sectores LGTBIQ+, los campesinos, la población afro, la indígena, como los más afectados, sino con la naturaleza a quien La Comisión declara víctima del conflicto armado tal como, también, proclama al campo y a los ecosistemas como bienes jurídicos de especial protección, desde los propios tratados. Será el gobierno y los organismos correspondiente los encargados de declarar zonas de reserva campesina y priorizar este encargo en el plan nacional de desarrollo y en los planes territoriales. Es urgente, volver sobre las solicitudes de saneamiento, demarcación y titulación de tierras de pueblos indígenas y tantas otras comunidades rurales o colectivos desplazados, tras priorizar aquellas que estén en peligro de extinción fisica y cultural, a partir de los despojos producidos por las masacres y las amenazas colectivas.
También la ley de restitución de tierras merece revisión, conectada con el perverso fenómeno del despojo de tierras, hasta ahora pendiente de soluciones serias y responsables. La ruralidad merece otra mirada institucional para que no sucumba en violaciones y abusos, se proteja las victimas y se les permita acceder a la justicia por fuera de amenazas. Se trata de consolidar cauces de flexibilidad probatoria, además de la continuidad de los procesos; en igual sentido, es inminente que se proteja la vida de los reclamantes y se preserve la terminación justa de los procedimientos y la ejecución de las sentencias. En todo caso, La reforma rural debe ser integral y urgente.
Finalmente, celebro que se prendan las luces del comité de verificación, para que se ejecuten las recomendaciones, porque “Si nos cruzamos de brazos seremos cómplices de un sistema que ha legitimado la muerte, en todas sus crueldades y orfandad” como lo refiere Sábato. Es recordar que: “cada uno de nosostros es culpable ante todos, por todos y por todo” bajo los matices y asimetrías de esta dolorosa experiencia social de injusticas.
Nuevamente, gracias al Instituto Colombiano de Derecho Procesal por favorecer esta secuencia de reflexiones.
María Patricia Balanta Medina
Miembro de la junta directiva del ICDP, presidenta del capítulo de Buga; magistrada del tribunal superior del distrito judicial de Buga, sala civil familia; doctora en filosofía jurídica y política; magister en filosofía del derecho contemporáneo y en literatura hispanoamericana; especialista en: comercio internacional, derecho procesal civil, derecho de familia, contratos y daños; investigadora; par académico de la Universidad de los Andes; autora del libro: Constitución, función judicial y sociedades multiculturales, editado por Temis.